Pensiones: la movilización es nuestra garantía

La cuarta ronda del Pacto de Toledo contiene, no solo por lo que dice sino también por lo que omite –por ejemplo, el mantenimiento de la reforma de las pensiones de 2011 y del factor de sostenibilidad, solo suspendido hasta el 2023-, numerosos elementos regresivos sobre las pensiones públicas a la vez que propone reforzar las pensiones privadas.

En su reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro J.L. Escrivá ha anunciado la intención del Gobierno español de empeorar las Recomendaciones del Pacto en varios aspectos, modificando ligeramente sus propuestas iniciales para hacerlas algo más «digeribles».  Aquí vamos a analizar las que irían en una primera fase, dejando para más adelante las del segundo bloque.

El Pacto de Toledo ha planteado la vuelta al criterio del IPC anual para la revalorización de las pensiones. El Gobierno español pretende sustituir el método de la previsión de inflación por el IPC del año anterior. Hasta ahora, en los escasos años en que la inflación real era inferior a la prevista, tenía lugar un pequeño aumento del poder adquisitivo de las pensiones. Para evitarlo, cuando la inflación sea negativa las pensiones quedarán congeladas, con la única excepción de las pensiones mínimas, y la diferencia será absorbida en los tres años siguientes. Ello supone cerrar toda posibilidad de mejorar el poder adquisitivo de las pensiones y, también, de recuperar lo perdido entre el 2013 y el 2017 (cuando se aplicó el 0,25%). Mientras que el Pacto propone la «mejora y preservación de las pensiones mínimas», en los años 2020 y 2021 éstas han aumentado en la misma cuantía (el 0,9%) que el conjunto de las pensiones, lo que supone un cambio con la práctica de aumentarlas en cuantía superior. Se ignora de esta forma la reivindicación del movimiento pensionista de fijar su importe en 1.080 euros, conforme a los criterios de la Carta Social Europea.

Con el fin de alargar la edad efectiva de jubilación, en estos momentos de 64,6 años, para que coincida con la edad legal, el Ministro ha defendido, contra toda evidencia y basado en la utilización de datos al margen de cualquier rigor científico, que la mayor participación de los mayores en el mercado de trabajo aumenta las oportunidades de empleo de los jóvenes, negando la causalidad obvia entre el retraso en la edad de jubilación y las dificultades de la gente joven para entrar y consolidarse en el mundo laboral.

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